Lo que durante meses se presentó ante la opinión pública como la indignación espontánea de un imputado arrepentido ha terminado desvelándose como una operación mediática y financiera meticulosamente calculada. La empresa editora de OkDiario, Dos Mil Palabras S.L., dirigida por Eduardo Inda, abonó un total de 242.000 euros (IVA incluido) a la defensa letrada de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos. Las facturas, expedidas por el despacho IDBO Consultants el 27 de noviembre de 2025 y el 23 de enero de 2026 bajo el concepto explícito de "honorarios, aranceles y gastos por asesoramiento jurídico", coinciden al milímetro en el tiempo con una batería de exclusivas con las que el medio ultraderechista buscó acorralar judicial y políticamente al Ejecutivo.
La revelación no procede de una filtración anónima, sino de las pruebas aportadas en la propia Audiencia Nacional por la letrada de Koldo, Leticia de la Hoz. Imputada en una pieza separada donde se investigaba si el PSOE había financiado la defensa de su cliente, la abogada aportó los extractos bancarios para demostrar ante el juez Santiago Pedraz la procedencia real del dinero. El pagador no era el partido del Gobierno, sino la empresa de Eduardo Inda, abriendo de par en par la puerta a uno de los episodios más graves de contaminación entre el periodismo de trinchera, la compra de testimonios judiciales y la financiación institucional.
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Comprar testimonios a golpe de talonario: la factura del caso Koldo
La cronología de los hechos resulta esclarecedora. El 27 de noviembre de 2025, el mismo día en que OkDiario emitió la primera factura por importe de 150.000 euros más IVA, el medio de Inda arrancó una agresiva campaña con entrevistas exclusivas a Koldo García previas a su ingreso en prisión. En dichas entregas, presentadas de forma ostentosa en programas de televisión de máxima audiencia como Horizonte, el exasesor ministerial lanzaba graves acusaciones sin aportar pruebas materiales contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su entorno familiar.
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Sin embargo, la escenografía terminó resquebrajándose en el propio Tribunal Supremo. Durante el turno de última palabra en el juicio del caso Mascarillas, el propio Koldo García aireó ante el tribunal las presiones recibidas: "A mí se me ofreció que se me iba a quedar esto en nada si me metía con el Gobierno. Hay dos medios de comunicación que se reunieron conmigo para que mienta y engañe a todos los españoles". Aquella confesión en sede judicial ponía al descubierto una estrategia destinada a instrumentalizar el proceso penal a cambio de favores informativos y prebendas procesales promesas que, a la postre, resultaron ser falsas.
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La 'cloaca' mediática financiada con más de 4 millones de dinero público
Este rescate financiero a la defensa de Koldo García por parte de OkDiario no se produce en el vacío. La capacidad de la editora Dos Mil Palabras S.L. para asumir minutas de cientos de miles de euros contrasta con la ingente inyección de fondos públicos que recibe de administraciones gobernadas por el Partido Popular. Según los datos del reparto institucional, el Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso y el Ayuntamiento de Madrid dirigido por José Luis Martínez-Almeida han canalizado más de 4,1 millones de euros públicos hacia el medio de Eduardo Inda durante los últimos seis años. No parece casualidad que durante el mismo mes de noviembre de 2025 que se emitió esa factura el alcalde y la presidente de Madrid asistieran y fueran quienes fueran los maestros de ceremonia de la fiesta del décimo aniversario de OkDiario, el blog de fake news creado para difundir noticias falsas y montajes policiales contra los adversarios políticos de la derecha y elite económica nacional. Curiosamente unos días después se repitió la escena en la fiesta del décimo aniversario de El Español, otro de los medios que tuvo información reservada de Koldo. A la fiesta además de toda la cúpula del PP asistieron Ana Rosa, Iker Jiménez y Carmen Porter
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El flujo institucional se articula a través de tres vías principales: inserciones publicitarias masivas, contrataciones directas desde empresas públicas como el Canal de Isabel II y un reguero constante de contratos menores adjudicados a dedo bordeando el límite legal de los 15.000 euros. Eventos inventados bajo marcas como *OkGreen*, *OkSalud* o *OkTurismo* han servido para abonar minutas de hasta 3.000 euros por minuto a cambio de la mera participación de consejeros autonómicos en foros publicitarios. Un circuito económico donde los impuestos de los madrileños sostienen un engranaje mediático utilizado para armar causas políticas. Dentro de este tipo de eventos de OkDiario financiados por administraciones públicas del PP destacó las II jornadas Jurídicas en Marbella donde participaron los abogados de Koldo y Ábalos, ambos dieron entrevistas a OkDiario pocas horas antes de entrar en prisión atacando al gobierno de España y al PSOE. Las Jornadas se celebraron los días 20 y 21 de noviembre de 2025, una semana antes de la emisión y el pago de la factura en concepto de pago de la defensa de Koldo. Lo que hace pensar que en ese encuentro se pudiera cerrar el acuerdo económico y seguramente la promesa a Koldo que si mentía contra Pedro Sänchez y Begoña Gómez lo suyo quedaría en nada.
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Intimidación en la calle: la respuesta mafiosa tras destaparse la trama
La reacción del entramado tras la publicación de los pagos por parte de prensa independiente como *elDiario.es* traspasó los límites del debate público para adentrarse en el terreno del acoso. Inmediatamente después de que se revelaran las facturas presentadas ante la Audiencia Nacional, el director de *elDiario.es*, Ignacio Escolar, y el periodista José Manuel Romero acudieron a una reunión de trabajo con la abogada Leticia de la Hoz en un restaurante del centro de Madrid.
Al salir del establecimiento, los periodistas y la letrada fueron abordados en plena calle por un hombre corpulento de unos dos metros de altura que, tras mostrarles en la pantalla de su teléfono móvil el logotipo de OkDiario, les espetó de forma amenazante: "Te he estado haciendo fotos para Eduardo Inda". Apenas doce minutos después del incidente, el propio Inda envió un escueto mensaje de WhatsApp a Escolar con el texto "Jojo". Este tipo de tácticas persecutorias, denunciadas ante las autoridades y los tribunales, ponen de manifiesto la deriva de una estructura que responde con intimidación directa cuando se fiscalizan sus operaciones a la sombra.
La utilización de dinero abonado a abogados de investigados por corrupción para moldear relatos mediáticos, financiada indirectamente mediante presupuestos públicos de publicidad institucional, dibuja una peligrosa degradación del ecosistema democrático. Cuando las portadas y los testimonios judiciales no responden a la búsqueda de la verdad sino al intercambio monetario y al chantaje político, la frontera entre la labor periodística y la guerra sucia queda definitivamente borrada.