Si algo estamos aprendiendo analizando contratos menores y portales de transparencia en la serie de reportajes sobre la financiación de la desinformación que estamos publicando junto a El Salto Diario es que la transparencia brilla por su ausencia. Mientras en algunas comunidades, como en Castilla y León, encontramos que algunos medios de desinformación reciben más dinero del reconocido en el capítulo “Publicidad Institucional” en otras, como Aragón, no se publican todos los contratos y actas de resolución. En otros casos, como Andalucía, las asignaciones se realizan a través de empresas intermediarias que son las encargadas de repartir las asignaciones a cada medio o pseudomedio de comunicación, rompiendo así la cadena de transparencia que nos permitiría conocer cuánto dinero público se está destinando a financiar medios de desinformación. El nuevo ‘Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación’ podrá ayudarnos a arrojar luz en las habitaciones oscuras que son las campañas de publicidad institucional, aunque estos apartados de la normativa no vayan a entrar en vigor hasta agosto de 2025.
Un registro centralizado de la Publicidad Institucional
Uno de los primeros problemas a los que nos tuvimos que enfrentar a la hora de comenzar esta investigación fue el acceso a los datos, pues en la mayoría de comunidades autónomas son inaccesibles. Con el objetivo de “responder a la creciente preocupación en la UE por la politización de los medios de comunicación y por la falta de transparencia en cuanto a su propiedad y a la asignación de fondos de publicidad estatal” la normativa europea obligará a que todas las aportaciones públicas destinadas a medios de comunicación sean públicas y accesibles mediante un registro de ventanilla única desde el que poder hacer la extracción de datos con apenas ‘un par de clicks’.
Para desarrollar la investigación de la financiación de los medios de desinformación hemos tenido que ir buscando registros institución a institución para posteriormente cruzarlas con las bases de datos del Ministerio de Hacienda y el portal de contratación del estado; siendo las comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos y el resto de organismos públicos los responsables de su publicación. Esto podría ser sencillo si las administraciones públicas publicaran en el portal de contratación del estado estos datos, pero no es el caso.
La Comunitat Valenciana, por ejemplo, no los publica desde al menos 2022. Por el contrario en Galiza debe consultarse en su portal de transparencia –pues no se incluye en el portal de contratación del estado–. En dicho portal hay que revisar cada organismo dependiente de la Xunta de forma individual y en periodos de búsqueda de máximo tres meses y buscar entre los cientos de contratos menores el adjudicatario –pues no permite la búsqueda directa ni la aplicación de filtros–. En la Comunidad de Madrid, afortunadamente, se pueden excluir el resto de contratos menores; pero deben buscarse las adjudicaciones entre una montaña de PDF, uno por cada campaña de publicidad institucional, convirtiendo dicha labor en una tarea titánica.
Un registro accesible de la propiedad de los medios
Otro de los problemas con los que nos hemos encontrado ha sido conocer a qué empresas tendríamos que buscar entre los millones de contratos públicos que hemos analizado. Con el objetivo de que la audiencia de los medios de comunicación “puedan detectar y entender posibles conflictos de intereses” porque “es un requisito previo necesario para formarse opiniones bien fundadas y, como consecuencia, para participar activamente en una democracia”, el nuevo reglamento obliga a los estados miembros a crear un registro de quiénes son los propietarios directos o indirectos de los medios de los medios de comunicación.
De este modo podríamos haber recurrido a este registro único para comprobar qué adjudicatarios deberíamos haber consultado en nuestra investigación. Por el contrario; hemos tenido que actuar ‘por intuición’ ya que, por ejemplo, EsRadio cuenta con razones sociales –el nombre fiscal que aparece en los contratos– diferentes en muchos territorios. En Castilla y León, por ejemplo, en lugar de Libertad Digital S.A. el adjudicatario es Castilla y León Radio; pero en Aragón las frecuencias de emisión son gestionadas por Campos Delayu y por Servicios de Radiodifusión del Alto Aragón –siendo estas empresas las que figuran como adjudicatarias– y en Murcia lo hacen a través Intercom Tecnodifusión.
La trampa de los contratos a dedo
Si nos hemos centrado en los contratos menores es porque se conceden a dedo y no requieren que sean concedidos mediante criterios de proporcionalidad. Esto es precisamente lo que quiere evitar también el nuevo reglamento europeo porque “la asignación opaca y sesgada de dichos fondos es, por tanto, un instrumento poderoso para ejercer influencia sobre la libertad editorial de los prestadores de servicios de medios de comunicación, de captación de los prestadores de servicios de medios de comunicación o de subvención o financiación encubierta de dichos prestadores de servicios para adquirir una ventaja política o comercial injusta o una cobertura favorable”.
Para alcanzar este objetivo el nuevo reglamento europeo establece que los fondos públicos para publicidad institucional sean adjudicados con “criterios transparentes, objetivos, proporcionados y no discriminatorios”, para lo que además obliga a la creación de sistemas de medición de audiencias que permitan cumplir con el objetivo de proporcionalidad.
Esto es precisamente lo que nos hemos encontrado entre las actas de resolución de los contratos en Castilla y León, donde en la mayor parte de campañas únicamente se justifica que “no se considera necesario solicitar tres ofertas ya que se trata de una acción puntual de publicidad”.
Tampoco cumplirían el nuevo reglamento las adjudicaciones del Gobierno de Aragón a pseudomedios como Estado de Alarma, ya que pese a que sí incluyen cifras de audiencia estas no se encuentran auditadas y distan mucho de la realidad. En las actas de resolución de las adjudicaciones afirman que Estado de Alarma cuenta con más de seis millones de usuarios únicos al mes entre su canal de Youtube, su web y su “radio por internet”. Para llegar a esta disparada cifra otorgan 2,7 millones de espectadores únicos a su canal de Youtube, pero en los últimos 30 días no supera las 1,7 millones de reproducciones –por lo que los espectadores únicos serían muy inferiores a esta cifra–.
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