El pasado mes de septiembre salían a la luz las conversaciones entre Álvaro Romillo –CriptoSpain– y Alvise Pérez, en las que el líder de SALF prometía “presuntamente” al imputado por estafa modificaciones legislativas a cambio de “fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas” para su campaña.
Finalmente; según demostrarían los audios publicados y según ha declarado Álvaro Romillo, este le habría abonado 100.000 euros en efectivo para financiar su campaña de las elecciones europeas; unos ingresos que no declaró ante el tribunal de cuentas, ya que supera el límite establecido por la ley para la financiación de partidos.
El Ministerio Público ha remitido un informe al alto tribunal en el que solicita que acepte la exposición razonada que le envió hace unos meses un juez de la Audiencia Nacional y pide que la Sala asuma la competencia de la instrucción de la causa penal contra Alvise.
Las diligencias que solicita la Fiscalía, además de la declaración del político, pasan por analizar en profundidad las cuentas tanto del eurodiputado como de su partido: el “tráfico de las wallets creadas” para financiar su campaña europea, también “los justificantes de los pagos efectuados para sostener la campaña electoral y la entrega de la documentación e información económica de SALF” y, finalmente, “el examen de las cuentas corrientes del señor Pérez y su agrupación electoral”.
Redacción: Carlos Benéitez
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