Los periodistas de la Cadena Ser y elDiario.es, Ángel Campos y José Precedo, declararon ante el Juez Hurtado que tuvieron acceso a los correos electrónicos entre fiscalía y el abogado de González Amador –pareja de Isabel Díaz Ayuso– que tuvieron acceso a dichos mensajes antes que el propio Fiscal General del Estado. Poco después, en lo que parece una detonación controlada, El Mundo confirmaba lo mismo, aunque en su caso la fuente parece haber sido el entorno de la presidenta madrileña, por lo que esta filtración no incurriría en el delito de revelación de secretos que se juzga.
La mañana de este lunes El País ponía una piedra más, al revelar que obtuvieron la conversación 31 horas antes de que el Fiscal General del Estado al que se acusa de haber filtrado dicho correos electrónicos siquiera solicitase el expediente. Nada de esto parece importar a Hurtado, que de los dos primeros consideró “no aportan datos objetivos” pese a haber sido citados en calidad de testigos, por lo que están obligados a decir la verdad. Una obligación que en el caso de Miguel Ángel Rodríguez sí ha tenido en cuenta a pesar de haberse demostrado que varias de sus declaraciones fueron falsas.
Y ya que estamos hablando del testimonio de Miguel Ángel Rodríguez; cabe recordar que tras haberse publicado las imágenes de un sinfín de declaraciones del caso, casualmente únicamente las que deforman el relato en favor de las acusaciones de González Amador, Hurtado ha decidido que es el momento de ponerle fin y ha decretado que el video con las declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez no se trasladarán a las partes y únicamente podrán consultarse en sede judicial.
Disparate tras disparate el caso se desmorona solo, pero eso no ha impedido a Hurtado publicar un auto judicial en el que acusa al Fiscal General del Estado de filtrar a Moncloa; sin saber a quién, ni cómo, ni cuándo, ni nada que sostenga dicha acusación.
Paralelamente las investigaciones periodísticas nos han permitido conocer más detalles sobre todo lo que rodea a los delitos fiscales confesados por el abogado de González Amador. Y me gustaría poner especial énfasis en que han sido los periodistas, porque casi un año después González Amador aún no ha sido citado a declarar y la causa parece estar olvidada en un cajón.
Gracias a los periodistas hemos logrado saber que con las comisiones millonarias que le dio el gobierno madrileño González Amador se compró el piso de lujo en una de las zonas más caras de Madrid en el que vive con Díaz Ayuso y el Maserati con el que se fotografiaba Díaz Ayuso. También hemos sabido gracias a las investigaciones periodísticas que González Amador trató de desgravar como gastos de empresa una parte de sus vacaciones con Díaz Ayuso y que el piso en el que ambos viven se reformó sin licencia con el encubrimiento del Ayuntamiento de Madrid. Esto último llama especialmente la atención, ya que las personas que paralizaron las obras fueron apartadas de sus puestos de trabajo y se permitió la continuación de las obras. Para más ‘inri’; la “inspección” que el ayuntamiento se vio forzado a emprender llegó a la conclusión que, pese a las evidencias de que las obras tuvieron lugar y que se hicieron sin contar con la debida licencia, no incurrían en ningún tipo de irregularidad. Cuando los grupos municipales solicitaron los expedientes se les negaron y cuando la justicia les ordenó entregarlos estos habían sido mutilados.
Por el camino el gabinete de la presidenta madrileña, con Miguel Ángel Rodríguez a la cabeza, amenazaron con “triturar” periodistas y cerrar su periódico, filtraron los datos y fotografías de los periodistas que lo investigaban con acusaciones falsas… y han reconocido abiertamente una y otra vez que mentían o se ha demostrado que lo hacían.
Lo último en esta línea son las acusaciones de corrupción en los negocios por un soborno encubierto a un directivo de Quirón al que compró una empresa por medio millón de euros que apenas factura 30.000 euros anuales y sin infraestructura ni elementos que justifiquen dicho precio. Sumado a esto se han encontrado pagos de 77.000 euros a tres directivos de la empresa panameña Fernando Camino, el directivo de Quirón al que González Amador compró la anteriormente citada empresa.
Lo que comenzó como una investigación por la nota de prensa remitida desde la fiscalía a instancias del Fiscal General General del Estado cuando no había secreto que revelar ha devenido en una investigación prospectiva en la que la sentencia está dictada antes de comenzar.
Álvaro García Ortiz es culpable de impedir la impunidad de los dos delitos fiscales confesados, Álvaro García Ortiz es culpable de que conozcamos que el novio de Ayuso intentara desgravarse sus vacaciones con la presidenta madrileña, Álvaro García Ortiz es culpable de que sepamos que el fraude fiscal compró la casa en la que vive la presidenta madrileña, Álvaro García Ortiz es culpable de que se investigue al novio de Ayuso por un presunto soborno, Álvaro García Ortiz es culpable de que se cuestione que Quirón ha duplicado el dinero que recibe de la Comunidad de Madrid desde que es pareja de su presidenta, Álvaro García Ortiz es culpable de que sepamos que Miguel Ángel Rodríguez tenga guardado en la agenda al novio de Ayuso como “Aberto Quirón González”. Álvaro García Ortiz es culpable de no dejar que nos roben con total impunidad.
Esto nunca ha ido de una filtración ni de un correo electrónico; esto siempre han sido las estructuras que Cosidó presumía de controlar por la puerta de atrás y las que abrieron más de 20 causas judiciales contra Podemos siguiendo las instrucciones de José María Aznar “El que pueda hacer, que haga. El que pueda aportar, que aporte”.
Redacción: Carlos Benéitez
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